De la Sentencia del 01/03/2016

por J. O. Guevara


¿Que pasó? Simple.

1) Los ministros y funcionarios ejecutivos todavía pueden ser interpelados por la AN, pero esa interpelación debe coordinarse obligatoriamente con la Vicepresidencia Ejecutiva. Eso para “no impedir ni estorbar” las funciones del Poder Ejecutivo como poder autónomo.
2) Los representantes de otras ramas del Poder Público distintas al Ejecutivo (la Judicial, Ciudadana y Electoral) no están obligados a asistir a la AN porque la CN dice textualmente que el control político solo se le hace “al Gobierno y a la Administración Pública Nacional”, por lo que tampoco podrán interpelarse a Gobernadores, Alcaldes, Consejeros legislativos o Concejales.
3) La FAN solamente puede ser controlada a través de su autoridad máxima, que es el Presidente de la República, y únicamente en las memorias y cuentas anuales, por las mismas razones del punto anterior.
4) Por esto, el TSJ “desaplicó” todo lo referente a estos puntos en el Reglamento de Interior de la AN y en la Ley de Comparecencias.
5) También “desaplicó” las sanciones previstas a quienes no asistan a la AN, dado que la Constitución dice que la libertad personal solamente puede ser restringida por orden judicial, aparte de que esas sanciones al parecer vulneraban el debido proceso.
6) Los Ministros que asistan pueden reservarse informaciones alegando secreto de Estado o peligro para la República.
7) La Comisión creada para evaluar la designación de los últimos magistrados del TSJ es “inexistente e inconstitucional”. La AN no puede remover a ningunos magistrados mediante revisión posterior de actos administrativos; solo pudiendo hacerlo mediante el dispositivo constitucional que requieren las dos partes (que son 112, dado que según la misma sentencia, deben ser los diputados integrantes y no los presentes) tras haberse calificado faltas graves por parte del Poder Ciudadano.
8) Y como el nombre oficial del país es “República Bolivariana de Venezuela”, y según el Art. 1 de la CN, el ideario bolivariano irradia todo el texto de la misma, el calificativo de “Fuerza Armada Nacional Bolivariana” es legal y constitucional, aunque en el Artículo 328 aparezca textualmente “Fuerza Armada Nacional”. Esa aclaratoria apareció sin que nadie la pidiera.
Todo muy legal aparentemente, pero esta sentencia de interpretación (que presume el hecho de que los últimos magistrados electos el 23 de diciembre de 2015 lo fueron cumpliendo con todos los requisitos formales y de fondo, sin siquiera detenerse a evaluarlo dado que dicha designación fue un hecho “notorio y comunicacional”) tiene el dichoso efecto de beneficiar a un Poder Ejecutivo que quiere seguir sin control, sin ser investigado y sin pagar políticamente por todo lo malo y lo insuficientemente positivo que ha hecho. Igual este comportamiento es propio de un gobierno comunista con ansias de poder total y que no va a darle ninguna oportunidad, por muy remota que fuere, a la oposición en ningún ámbito.
A ver en que termina todo esto.
Anuncios