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La practicabilidad del mutualismo, por Clarence Lee Swartz (1926)


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El mutualismo es aplicable a todas las relaciones humanas. A lo largo de toda la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte, la mutualidad —la asociación voluntaria para la acción recíproca— está en todas partes y en todo momento a la espera de resolver cada problema de las relaciones sociales, para decidir cada cuestión que surja en el comercio y la industria.

Para practicar el mutualismo, es necesario nombrar solo dos condiciones; 1) que el individuo no invasivo no debe ser coaccionado, y 2) que ninguna parte del producto del trabajo de nadie se le quitará sin su consentimiento. Con esas generalizaciones negativas así postuladas, afirmando así la soberanía del individuo, de allí fluye naturalmente el corolario positivo y constructivo: la reciprocidad; lo que implica iniciativa individual, contrato libre y asociación voluntaria.

Para que no haya incertidumbre sobre el significado del término “soberanía del individuo”, debe explicarse que se usa aquí en el sentido del control completo del individuo no invasivo sobre sí mismo y sus asuntos, y el producto de su trabajo.

Brevemente, el mutualismo es un sistema social basado en relaciones recíprocas y no invasivas entre individuos libres.

Los estándares mutualistas son:

INDIVIDUAL: igual libertad para cada uno, sin invasión de los demás.

ECONÓMICO: reciprocidad sin marcos que la estorben, que implica libertad de intercambio y contrato, sin monopolios ni privilegios.

SOCIAL: completa libertad de asociación voluntaria, sin organización coercitiva.

Bajo el mutualismo, como se describe, todos los problemas sociales, económicos y políticos de la vida moderna pueden resolverse y cada relación puede ajustarse mejor. Incluso sin ninguna ley específica formulada de antemano, el sistema de jurado en su forma más pura e incontaminada cubrirá todos los procedimientos penales. Tal juicio por jurado sería de hecho un juicio por todo el pueblo, y no, como ahora, un juicio por ciertas personas especialmente elegidas que representan a un gobierno, — una institución que de ninguna manera representa a todas las personas, y que están presididas y restringidas de varias maneras por un juez, que es casi supremo en su posición y que está solo remotamente y ligeramente guiado por leyes que se supone que son representativas de la sabiduría de la gente, pero en realidad son meramente la expresión de la opinión de varios políticos más o menos honestos, que tienen sus propias preferencias más importantes o están influenciados por muchas otras consideraciones además de la justicia y el bienestar de las personas.

Si los jurados fueran elegidos adecuadamente por sorteo, fuera de la población de una comunidad, y no, como lo son ahora, fuera de un cierto panel limitado seleccionado por un oficial que se guía por varias consideraciones y condiciones políticas, muchas de ellas dependiendo de su conveniencia, sería la base de un juicio justo para todos los delincuentes. Se puede dar por sentado que dicho jurado no condenaría a ninguna persona, excepto a aquella persona, si se pudieran determinar sus deseos, que la comunidad aceptaría condenar.

Por lo tanto, sería extremadamente difícil castigar a alguien por cualquier acto presuntamente invasivo, a menos que prácticamente todas las personas pensaran que la persona era culpable. El mutualismo señala el camino hacia la utilización de medios tan puramente equitativos y recíprocos para obtener justicia.

En un juicio por jurado en su forma perfecta, el juez no debe ser más que un árbitro imparcial. El jurado debe moldear la ley a cualquier caso en particular, en lugar de tratar de adaptar el caso a la ley. El jurado también debe juzgar la admisibilidad de las pruebas, ya que lo que el jurado necesita y quiere son los hechos del caso, y debe estar en posesión de todo lo relacionado con esos hechos.

El juez no debe ser, de hecho o de nombre, el representante de ninguna de las partes en el juicio y, por lo tanto, no se le debe permitir emitir veredictos o pruebas, ya que es en tal punto que puede mostrar su sesgo. Todas estas cosas deberían ser competencia del jurado. Se les debe permitir probar el caso en su totalidad, sin ser influenciados en lo más mínimo por algo dicho o hecho por alguien que asuma que representa una autoridad superior. Si se quiere obtener justicia imparcial, el jurado debe, en primer lugar, tener permiso para decidir si realmente se ha cometido algún delito que sea imputable. Se les debe permitir probar el caso en su totalidad. En otras palabras, si realmente se ha cometido algún acto invasivo, si el supuesto acto es una lesión a la persona o la propiedad de alguien.

Que el sistema de jurado de hoy en día no está organizado o administrado sobre esa base o de cualquier otra forma no hace falta decirlo.

Y solo porque no está tan organizado o administrado no es, en ningún sentido, un vehículo para garantizar la justicia. Si bien el origen del juicio por jurado parece ser históricamente confuso, es una certeza que la Magna Carta lo estableció más a fondo. Y en ese momento estaba, fundamentalmente, en una forma pura y mejor que en cualquier otro momento desde entonces. Las implicaciones obvias de ese gran instrumento fueron que el jurado debía juzgar independientemente y sin miedo todo lo que implicaba la imputación, y especialmente su justicia intrínseca, y dar su decisión al respecto; y esto significaba, si significaba algo, que el jurado debía ser el juez tanto de las leyes como de los hechos.

Un siglo después de la promulgación de la Magna Carta, sus disposiciones habían sido tan alteradas que los tribunales comenzaron a quitarle a los jurados el poder de determinar la justicia de las leyes, y hoy se ha convertido en una de las llamadas “máximas” de la ley el que los jueces solo responden a la cuestión de las leyes y los jurados solo a la cuestión de los hechos. E incluso esta última prerrogativa no es disfrutada por los jurados sin una gran cantidad de restricciones que los tribunales modernos les han impuesto, de modo que en la práctica están en gran medida controlados por los jueces.

El juez en el juicio no solo decide sobre la relevancia de la evidencia ofrecida a los asuntos a ser probados, y sobre la admisibilidad de las preguntas formuladas a un testigo, sino que también aconseja al jurado en cuanto a la evidencia lógica de la evidencia admitida sobre los asuntos que se encuentran por el jurado. Las reglas sobre la admisibilidad de la evidencia, en gran medida basadas en teorías que son difíciles de aplicar, junto con el derecho del juez a resumir la evidencia, limitan en gran medida la independencia del jurado.

En los setecientos años que han pasado desde que el Rey Juan [Sin Tierra] en Runnymede fuera forzado por los barones a otorgar una carta de libertades a la gente, los legisladores y jueces han estado ocupados modificando ese famoso documento, y entre esos esfuerzos ha estado la invención de esas máximas que sirven para guiar a los juristas actuales. En lugar de expresar la ley, esas máximas expresan nada más que la voluntad de jueces ambiciosos y desafiantes de la ley y de aquellos a quienes los jueces a menudo deben sus posiciones [los políticos].

Es cierto, un juez de primera instancia tiene funciones adecuadas y necesarias que desempeñar, una de las cuales es ayudar e iluminar a los miembros del jurado, si puede, mediante consejos e información, pero con la comprensión de los miembros del jurado de que dichos consejos e información deben ser recibidos solo por lo que pueden considerar que valen; y otra es hacer todo lo que sea necesario con respecto a la concesión de apelaciones y nuevos juicios; y posiblemente para preservar, en caso de amenaza, la dignidad y la seriedad del proceso.

Es interesante saber que, en Estados Unidos, últimamente ha habido una tendencia a viajar hacia el propósito original y el alcance de los juicios por jurado. Un caso en cuestión es el de Scharf vs. United States (156 US 61), en el que la opinión de la mayoría de la Corte era que es deber de un jurado en una causa penal recibir la ley de la corte y aplicar según lo establecido por el tribunal, sujeto a la condición de que, al emitir un veredicto general, el jurado pueda determinar incidentalmente AMBAS LEYES Y HECHOS como compuestos en los asuntos que se les presentan en el caso particular, y se sostuvo además que el poder de dar un veredicto general permite al jurado adoptar su propia opinión sobre los términos y los MÉRITOS de la ley involucrada.

Se puede predecir con seguridad que la administración de justicia se simplificaría en gran medida bajo una condición de igualdad de libertad en un sistema mutualista, ya que, en ausencia de explotación por privilegio, habría mucha menos pobreza y, como coinciden los criminólogos, la pobreza es la principal causa del crimen. Con condiciones económicas tales que todo hombre sano puede tener la seguridad de un empleo que le permita mantener la vida, ya sea como su propio amo o como empleado de otra persona, pero recibiendo el producto completo de su trabajo, faltaría el incentivo principal para acciones invasivas.

Una vez más, es una protección más eficiente contra los agresivos, lo que significaría la prevención del delito en lugar de su detección después del hecho, aliviaría a los tribunales de una gran parte de su trabajo. Con el esquema del procedimiento judicial simplificado en la discusión anterior del juicio por jurado, habría una tendencia hacia una justicia más rápida y rápida, y la experiencia ha demostrado que eso es muy efectivo en la prevención del delito.

Además, habría un mayor uso de la resistencia pasiva en el castigo del delito, en lugar de la fuerza física, como en la actualidad. El ostracismo y el boicot pueden usarse con buenos resultados en defensa contra los delincuentes, especialmente aquellos que son de menor categoría, y no son de una naturaleza tal que exija una restricción inmediata y forzada. Y la aplicación de tal castigo podría ser rápida y segura. En todas las direcciones, la simplificación y disminución de la cantidad de reglas y regulaciones aumenta la facilidad y simplicidad de su aplicación.

En el procedimiento civil, el uso cada vez mayor de tribunales de arbitraje privados, ahora ya en uso en Nueva York y algunos otros estados, tenderá a aligerar la carga de los tribunales principales, y bajo el mutualismo se desarrollarán y utilizarán al más alto grado.

PARTE II

El gobierno implica fuerza; implica coerción; implica el ejercicio de la autoridad, por parte de una persona o institución que tiene el poder, sobre otra persona, ya sea que admita dicha autoridad o no. Manifiestamente, dicha autoridad no debe ejercerse sobre una persona no invasiva, a menos que las funciones del Estado, como se describe en el Capítulo I como inherentes a su origen, se consideren justas y legítimas.

Aquí mismo se encuentra la línea de división entre los autoritarios (socialistas, comunistas, single-taxers y todos los partidos políticos) y los libertarios (mutualistas, individualistas, et al.). Los primeros creen que cualquier maldad que exista en el sistema actual puede erradicarse mediante la promulgación de leyes, en otras palabras, mediante el uso de la fuerza física contra todas las personas, ya sea que estén de acuerdo o en desacuerdo. Porque es cierto que la votación en manos de la mayoría es tanto un ejercicio de fuerza física como el uso de ametralladoras en manos de un ejército o de una bomba en manos de un revolucionario. ¿Para qué sirve el veredicto de una mayoría a menos que se pueda hacer cumplir? ¿Y cómo debe hacer valer un veredicto por parte de un gobierno a menos que se sepa que, en caso de negarse a aceptar el veredicto, todo el poder del ejército y la armada puede, si es necesario, ser utilizado para asegurar esa aplicación? Además, la amenaza del uso del ejército y la marina es tanto un uso de la fuerza física como el hecho de disparar sus armas y la liberación de su gas venenoso.

Ahora, para aquellas personas cuyo sentido de la justicia no se rebela ante la coerción de individuos inofensivos, el mensaje del libertario no tiene peso. Sus ojos son ciegos a las escenas de rapiña y asesinato; sus oídos están sordos a los ruegos de justicia; sus corazones están fríos ante los llamamientos para un trato justo; y, sobre todo, sus facultades de razonamiento son impotentes ante los argumentos de conveniencia. Pero dejemos a un lado todo sentimiento, y todavía se puede demostrar que la libertad paga. Y paga desde cualquier punto de vista que se considere. Paga porque cuesta menos en efectivo real; paga porque es más simple y más fácil de aplicar; paga porque reduce la posibilidad de error al punto más bajo concebible; paga porque está en línea con el proceso de evolución [social]; y, finalmente, y el mayor activo de todos, paga porque produce el mayor grado de felicidad.

El ideal libertario es el único concepto que allana el camino para la operación del mutualismo. El mutualismo perfecto no podría existir bajo ninguna forma de autoridad. Sería frustrado y emasculado a cada paso. De la misma manera que hoy en día todo mal social y económico que sirve para esclavizar a la humanidad es el resultado de alguna forma de interferencia gubernamental con la libertad y con los procesos naturales, las mismas fuerzas o similares tenderían a anular y contrarrestar, en toda medida, las ventajas derivadas de la aplicación de los principios del mutualismo. Es una planta que requiere el suelo fértil de la libertad para hacer su crecimiento sin obstáculos.

Por otro lado, el mérito del sistema es que se inaugure sin el cataclismo del régimen actual. De hecho, para la fase más importante del mutualismo, la de la banca mutua, una ley federal, junto con su contraparte en varios estados, tendrían que ser derogadas para allanar el camino para la realización de la mejor idea liberadora desde la Revolución Francesa. Nuevamente, en otras direcciones, el mutualismo puede iniciarse a pesar del aspecto adverso de la autoridad constituida. Las asociaciones comerciales e industriales, la cooperación voluntaria y otras actividades asociativas pueden llevarse a cabo sin ningún cambio en las leyes actuales. En muchos casos, tales operaciones se verían facilitadas por la eliminación de ciertas restricciones legales y obstáculos de naturaleza similar, pero se puede comenzar, una vez que haya suficientes personas con esa mentalidad, sin la abolición de una sola disposición.

De hecho, ahora hay muchas asociaciones mutualistas voluntarias que se llevan a cabo con bastante éxito, cuyas actividades se simplificarían enormemente y sus logros aumentarían enormemente si pudieran liberarse de las desventajas que la ley ahora les impone. Uno de los propósitos cardinales del mutualismo es liberarlas, lo más rápido posible, de estos obstáculos.

Uno de los ejemplos más conspicuos de mutualismo en la práctica en la actualidad, y bajo el capitalismo además, son las compañías de seguros mutuales, de las cuales hay muchas en operación exitosa. Su éxito se debe indudablemente al hecho de que no están restringidas innecesariamente por la ley, y la maravilla es que no se les interfiera, ya que están brindando un seguro al precio de costo a sus miembros, evitando así que una cantidad considerable de ganancias ingrese al cofre de una compañía de seguros regulada [por la legislación].

Lo que han hecho estas compañías de seguros mutuas es una prueba concluyente de la eficacia del mutualismo en otros departamentos de la industria y el comercio. Si el seguro contra incendios y de vida, a través de asociaciones mutuas, se puede proporcionar al precio de costo, no hay razón por la cual cualquier otra protección no se pueda proporcionar por los mismos medios en términos similares. Las compañías de seguros mutuales no solo distribuyen las pérdidas por incendios entre los asegurados, sino que también evitan incendios, ya que todas las propiedades aseguradas están bajo la supervisión del inspector de la compañía, cuyo negocio es asegurarse de que los propietarios aprovechen los mejores métodos de prevención de incendios, en primer lugar, y de los medios más eficientes para extinguir el fuego, en caso de que comience.

Esta idea de seguro es capaz de extenderse en una multitud de direcciones. Como Lloyds (la gran compañía de seguros inglesa), que asegura todo tipo de riesgo imaginable, ha demostrado amplia y prácticamente que no existe una empresa o empresa que no esté cubierta por esta gran protección, cuyo mérito particular radica en el hecho que es totalmente privado y voluntario y de ninguna manera operado o respaldado por el gobierno. Es puramente el resultado del esfuerzo voluntario de la asociación de los individuos.

Como una instancia de su operación, se puede citar la existencia en Inglaterra de una asociación que, para su consideración, inspecciona y dicta sentencia sobre la construcción de edificios, de modo que cualquier persona, que pueda estar construyendo una casa o comprando una ya construida, y quien no sepa nada sobre los factores técnicos involucrados, puede obtener información y consejos sobre un edificio propuesto o uno ya construido. Este servicio podría extenderse al seguro de dicha persona contra pérdidas derivadas de la construcción defectuosa o inadecuada de cualquier edificio inspeccionado y transmitido por dicha asociación.

La compañía de seguros de títulos, tal como existe en muchos de los Estados Unidos, es un claro ejemplo de la prestación exitosa de un servicio similar. Después de que un título de propiedad inmobiliaria ha sido perfeccionado a su satisfacción, asegurará lo mismo por el valor aproximado de la propiedad, el cargo por dicho servicio será proporcional al riesgo involucrado. En algunos estados, el gobierno ha adoptado un sistema que intenta evitar la necesidad de ese tipo de seguro; pero, instintivamente cauteloso de todo lo que emprende el gobierno, la gente ha sido reacia a aprovechar la oportunidad. ¡Saben muy bien cómo el gobierno generalmente arruina y administra mal las cosas que emprende!

A pesar de que muchos de ellos se vieron obstaculizados y cubiertos con restricciones y regulaciones por parte del Estado, su crecimiento muestra lo que se podría lograr bajo la libertad. Si no hubiera instituciones estatales que fingieran prestar servicios, se formarían asociaciones voluntarias para realizar esas funciones según fuera necesario. De hecho, ha sido la usurpación por parte del gobierno de funciones que deberían ser puramente negocios de asociaciones voluntarias lo que ha retrasado el desarrollo del comercio y la industria en muchas vías.

El fallecido Stephen Pearl Andrews, en su libro iluminador sobre “La ciencia de la sociedad”, da un ejemplo de una corporación privada que realiza el trabajo del gobierno cuando el departamento de correos quedó inutilizado por la destrucción de un puente. Una compañía exprés (una corporación privada) restableció de inmediato su propio servicio y durante una semana completa tuvo que proporcionar el servicio de correo que el gobierno no pudo proporcionar, ya que el propio director general de correos se vio obligado a confiar en la compañía exprés para la entrega de su correo propio Tales instancias se han multiplicado hasta tal punto que se ha convertido en un axioma de que lo que hace el gobierno se hace con una ineficiencia casi uniforme.

A pesar del hecho de que hay un departamento de policía establecido en cada comunidad urbana, para cuyo apoyo se grava a todos los propietarios, el servicio prestado por el Estado es tan inadecuado que (como se señaló brevemente en un capítulo anterior) muchas empresas son obligadas a proporcionar su propia protección policial. Si se asociaran en organizaciones mutuas, podrían proporcionarse un seguro, al precio de costo, contra el robo y el abuso sexual, sin pagar las tarifas exorbitantes que ahora cobran las compañías de seguros contra robos del tipo ordinario. De hecho, este principio podría extenderse a toda la población, o a una parte de ella que desee participar, a través de la organización de asociaciones de protección mutua, y así hacer innecesario el tipo actual de fuerza policial ineficiente e incontrolable. Cuando los contribuyentes descubren que pueden obtener protección real por lo que cuesta, detestarán apoyar lo absurdo y extravagante que ahora se conoce con ese nombre.

Un boicot es un instrumento potente para la protección y la defensa, y que es a la vez libertario y capaz de ser empleado por los mutualistas. Debido al hecho de que fue utilizado por primera vez (por la “Liga de la Tierra” en Irlanda en 1880 contra un agente del propietario llamado “Boycott”) por los débiles en una competencia con los fuertes, y desde entonces ha sido utilizado con mayor frecuencia por organizaciones laborales en las controversias con los empleadores, ha sido atacado por los representantes del privilegio como algo censurable. Ha sido condenado casi universalmente por los tribunales, ha sido denunciado desde el púlpito, y es particularmente desagradable para la policía, que siempre no sabe qué hacer con las personas que se niegan a usar la violencia y que persisten en irse tranquilamente de sus negocios. Los lexicógrafos también son propensos a anatematizarlo en sus definiciones, afirmando que es un instrumento de persecución y opresión. ¡Y sin embargo, es la única arma que no se puede usar de forma invasiva!

La razón de esto es que el boicot no es un acto; es simplemente la negativa a actuar. Ahora, ¿cómo puede una negativa (en ausencia de un acuerdo expreso o un contrato en contrario) actuar como una invasión? Boicotear a una persona es simplemente dejarla sola; negarse a comerciar con él; negarse a tener algo que ver con él. Ahora, antes de que pueda sostenerse que esa persona puede ser perjudicada por tal negativa a asociarse con ella, debe responderse la siguiente pregunta: ¿Con qué derecho puede exigir tal asociación? En otras palabras, ¿cómo puede suponerse que existe alguna obligación de asociarse? Solo hay una respuesta, y es que no puede haber tal derecho y no se puede considerar tal suposición. Afirmar lo contrario es hacer necesario que la persona boicoteada establezca su derecho al mecenazgo, o al trabajo, o la sociedad, según sea el caso, del boicoteador. ¡Que lo haga si puede!

Ahora, si una persona puede legítimamente dejar a otra persona sola, puede combinarse con la misma razón con otros en su inacción. Porque es difícil ver cómo, si una persona puede entrar a su casa, cerrar las puertas, bajar las persianas y negarse a salir de sus instalaciones, y aún así no invadir los derechos de nadie, se convierte en un delito cuando algunos de sus amigos acuerdan seguir su ejemplo al mismo tiempo. Entonces, lógicamente, la llamada Ley de Conspiración [una ley anti-sabotaje de su época] no puede aplicarse a actos que no se realizan. Debe haber un acto abierto, que no puede estar dentro del alcance de un boicot, antes de que sea más serio actuar en concierto con otros que actuar solo. Si un comerciante no tiene un derecho establecido al patrocinio de un cliente, o un empleador no ha contratado el derecho al trabajo de un empleado, el comerciante ya no tiene derecho al patrocinio de mil clientes, y el empleador ya no tiene derecho al trabajo de mil empleados. Los tribunales no son sostenidos por el derecho o el sentido común cuando deciden que varias personas pueden no combinarse para hacer lo que pueden hacer de manera individual.

Es costumbre de los tribunales y otros partidarios de la riqueza depredadora denunciar con mayor severidad los boicots secundarios y terciarios que los primarios. Este argumento no tiene peso ni justificación de hecho. Dado que se ha demostrado que el boicot es solo una abstención de la acción, y que nunca puede ser invasivo de los derechos de nadie simplemente para abstenerse de realizar un acto, no puede hacer ninguna diferencia si esa abstención es primaria o cuaternaria. En la práctica, el boicot secundario es donde una persona es boicoteada por no unirse al boicot primario. Ahora, precisamente las mismas condiciones existen en un caso que en el otro. Si una persona tiene derecho a retener su patrocinio o su trabajo de otra por una razón, tiene el mismo derecho de comportarse por cualquier otra razón, o incluso sin razón.

Por lo tanto, para poner el asunto en forma concreta, si a John Doe no le gusta un cierto tendero, puede retener su patrocinio. También puede, con perfecta propiedad, pedirle a su carnicero que no sea condescendiente con ese cierto tendero; Si el carnicero se niega a unirse a él en ese boicot, puede retirar su patrocinio del carnicero. Y, para que su boicot contra el carnicero sea efectivo, puede recurrir a su panadero para que lo ayude a boicotear al carnicero; si el panadero tampoco está dispuesto a participar, puede boicotear al panadero y pedirle a su farmacéutico que retire su patrocinio del panadero, que sería el boicot terciario. Y este curso podría extenderse indefinidamente.

Los elementos en cada uno de estos procedimientos son idénticos. En ningún caso ninguno de los comerciantes mencionados puede establecer ningún derecho al patrocinio que le ha sido quitado. Por lo tanto, no se le ha hecho nada malo. No se le ha privado de nada ante lo que tenga el menor reclamo. Por lo tanto, si bien puede alegar correctamente que ha sido forzado; mientras que puede afirmar legítimamente que su negocio ha sido lesionado: y si bien puede ser indultado si se siente molesto con sus clientes, no puede acusar justamente de que alguno de sus derechos ha sido invadido.

Los tribunales, al discutir casos similares al mencionado anteriormente, señalan que la queja, o lo que sea que haya inducido al individuo original a boicotear su tienda de comestibles, se pierde por completo en los boicots secundarios y terciarios posteriores, y que las personas involucradas en estos últimos no tienen ninguna preocupación con el motivo original y que, por lo tanto, es una injusticia obligarlas a participar en la controversia. Todo lo cual puede ser cierto, excepto la injusticia. Debe reiterarse que no puede haber injusticia cuando no se ha hecho nada. Y en ninguna fase del caso citado se ha realizado ningún acto manifiesto. En todos y cada uno de los casos de presión ejercida, hubo simplemente una declinación para actuar, simplemente un “dejarlo solo”. ¡Qué tonto sería para uno de esos comerciantes quejarse de que era injusto que los dejaran solos! Y, sin embargo, eso es precisamente lo que dice, en efecto, cuando alega que se le ha hecho una injusticia cuando un cliente se niega, por cualquier motivo, a comprarle productos.

Otra cosa que los tribunales declaran ilegal sobre el boicot es amenazar con retirar el patrocinio de un comerciante o amenazar con dejar de trabajar para un empleador. Olvidan, ya que por el momento se ajusta a su propósito, el axioma de que una persona tiene derecho a amenazar lo que tiene derecho a ejecutar, ya que negarse a comprar o negarse a trabajar no es en ningún sentido un acto invasivo, ciertamente no puede ser invasivo para amenazar con negarse a comprar o amenazar con negarse a trabajar; y ninguna cantidad de sofismas judiciales puede hacerlo.

En esta discusión sobre el boicot como medida libertaria, se ha puesto énfasis en su empleo por parte del trabajador contra el empleador, ya que la negativa a trabajar para cualquier empleador se asocia invariablemente con la negativa a comprar sus productos y con el esfuerzo de inducir a otros a negarse a patrocinarlo. Pero es un juego que dos pueden jugar, ya que no es unilateral. Los empleadores a menudo recurren a las mismas medidas, al crear y mantener una lista negra, que contiene los nombres de los empleados que han dejado de trabajar o que de otra manera son indeseables, y varios empleadores se combinan para usar esta lista para forzar el trabajo. En tales casos, los tribunales no escuchan nada sobre la “conspiración” o el boicot secundario o terciario, aunque estos últimos se utilizan con frecuencia para obligar a los empleados recalcitrantes a unirse al proceso de inclusión en la lista negra. Y debe agregarse que nadie tiene más derecho a quejarse de la lista negra que del boicot. Son prácticamente idénticos y no violan el principio de libertad. Los tribunales, por supuesto, deben ser consistentes en su trato hacia ellos. Pero eso sería demasiado esperar de instituciones que son, en general, herramientas de privilegio…

Es interesante notar a este respecto que en Inglaterra, donde la libertad personal es más apreciada que en los Estados Unidos, no se han reportado decisiones legales contra el uso del boicot, mientras que en este país hay dos ejemplos notorios y desagradables:

  1. Bucks Stove Company vs. la Federación Estadounidense del Trabajo, en la cual los oficiales de la Federación fueron declarados culpables, en los tribunales del Distrito de Columbia, de violar una orden judicial contra el hacer público el hecho de que la federación consideraba que la compañía de estufas era “injusta”,
  2. y el caso de los Danbury Hatters, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó una decisión de un tribunal inferior, de que la compañía de sombreros podría cobrar por concepto de daños y perjuicios a los miembros individuales del sindicato que instituyó y llevó a cabo el boicot de la compañía que se negó a negociar según los términos de los trabajadores. A esta compañía de sombreros se le permitió quedarse con los ahorros bancarios, bienes personales y bienes inmuebles de los miembros del sindicato en satisfacción de su juicio. No se tiene ninguna cuenta del éxito final de este movimiento, pero por puro robo, nada es comparable en los anales del procedimiento judicial moderno.

Como se sugiere en otro artículo, el boicot y su compañero, el ostracismo, pueden ser utilizados como castigos por el crimen, y también como elementos de disuasión del crimen. Bajo ciertas circunstancias, pueden constituir una pena más drástica. Debido a los hábitos gregarios de los seres humanos, ser puesto más allá de los límites de la sociedad sería más doloroso para muchos que ser encarcelado en una prisión en compañía de otros de su clase. Infligir tal castigo tiene muchas ventajas para la organización defensiva que lo utiliza. Es simple: se aplica fácil y económicamente; no implica, teóricamente, ninguno de los elementos de la fuerza física; y, sobre todo, no es en sí mismo un acto invasivo. ¿Qué método más ideal para corregir las tendencias erróneas y las actividades antisociales de nuestros semejantes podría concebirse?

Dado que el boicot es una asociación puramente voluntaria para fines no invasivos, y dado que es a la vez un arma claramente libertaria y el ejemplo más perfecto de resistencia pasiva, es eminentemente, cuando es necesario, una parte del programa mutualista.

En debates como este, en los que la ética se mezcla con la política, la palabra “derechos” se usa a menudo de manera vaga y flexible. Fundamentalmente y elementalmente, por supuesto, solo hay un derecho: el derecho de la fuerza. Hablar de derechos “naturales” y derechos “inalienables” es hablar de algo que no existe.

Hablar de derechos naturales implica que existe un derecho incuestionable o indiscutible de algún tipo que es inherente al individuo cuando nace. Si eso fuera realmente cierto, entonces el derecho de la fuerza no podría operar en su contra. Para que el derecho de la fuerza no pueda funcionar de esa manera, el derecho inherente, natural o inenajenable tendría que ser de tal naturaleza que ninguna fuerza pudiera vencerlo.

El simple hecho de exponer el caso de esa manera es suficiente para mostrar el sinsentido de la noción de que puede haber algo superior al derecho de la fuerza; a menos que haya un significado metafísico unido a esos tres adjetivos que la mente finita no pueda comprender. La verdad verdadera del asunto es que, dado que no existe un derecho superior al de la fuerza, todos los demás derechos, de cualquier naturaleza, existen solo por mutua tolerancia: en otras palabras, por contrato o acuerdo. Por ciertas consideraciones (como el deseo de paz y tranquilidad y otras cosas que hacen la felicidad) los más fuertes han acordado ceder, en ciertos campos, su prerrogativa; han consentido renunciar a los privilegios que les asegura su fuerza, y de ahí surgen los elementos de la sociedad moderna.

Debe enfatizarse que el término “sociedad”, como se usa aquí, se refiere a ese organismo social que, en su sentido abstracto, implica la unión o suma de relaciones por las cuales los individuos de cualquier grupo están asociados, y no a esa organización política. conocido como “gobierno” o “Estado”.

La diferencia entre los dos es fundamental y vital y, si no se distingue claramente en la mente del alumno, se producirá una seria confusión de pensamiento. Todos los Estados y gobiernos políticos se basan en la fuerza física y, como se explica en el Capítulo I, son necesariamente de carácter agresivo e invasivo. Teniendo en cuenta su origen y funciones, deben ser de esa naturaleza para poder sobrevivir.

La sociedad, por otro lado, no tiene tal origen y no tiene tales fundamentos. Fuera de él puede emitirse y adaptarse a cualquier organización política que, en el curso de la evolución, pueda surgir. Y tales instituciones políticas pueden estar perfectamente libres del elemento de coerción, a excepción de la protección [de la vida, la libertad y la propiedad producto del trabajo], y por lo tanto pueden ser una antítesis real del estado actual.

La sociedad, como se define así, está constituida por una miríada de pactos, tanto expresos como implícitos, que se supone que permiten a todos, independientemente de su fuerza individual, vivir en paz y armonía, ya que todos reconocen, más o menos claramente, que es una condición necesaria de la felicidad. Y así, los mutualistas, ya que son muy conscientes de esta condición fundamental, se preocupan por lo que consideran la mejor adaptación de los medios para el fin.

Aceptando con franqueza el concepto ético descrito anteriormente, [los mutualistas] sostienen que han ideado un sistema social que se ajustará de la mejor manera posible a todas las condiciones de la vida moderna, ya que se basa en la igual libertad, la reciprocidad y la soberanía del individuo sobre sí mismo, sus asuntos y sobre el producto de su trabajo, a realizarse a través de la iniciativa individual, el contrato libre y la asociación voluntaria.

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Clarence Lee Swartz, “La practicabilidad del mutualismo”, The Mutualist 5 no. 8 (1 de diciembre de 1926): 1–3; 6 no. 1 (enero – febrero de 1927): 1–6.

Una FAQ mutualista


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Bien. Toca desempolvar este viejo blog activo desde, creo, 2009; cuando el Chigüire Bipolar era apenas un sitio gracioso de esta misma blogósfera y todo el mundo estaba embobado con los Blackberrys.

Las cosas han cambiado, diez años después.

Y he vuelto a casa.

Hace diez años aproximadamente y durante un buen tiempo, para quien no lo sepa o no lo quiera creer, era un intenso anarquista con ganas de ver exiliados luego de ser bañados en brea y plumas a todos quienes han maltratado este bonito país, cuanto menos.

Hoy; luego de un paso por un partido socialdemócrata, viendo los intríngulis de la arena política por dentro y por fuera, constatar los esfuerzos de tanta gente en muchos partidos y fuera de ellos que quiere construir un país mejor y no se deja ante el dramático empobrecimiento que hemos sufrido desde 2010 hasta hoy 2020; he de decidir que lo mejor para uno es (una mera reflexión ideológica, nada más) es reformular mis concepciones (otra vez) en pro de una mejor alternativa para la acción política social e individual, aún teniendo mis viejos principios de libertad, igualdad y solidaridad bien claros e inamovibles como siempre.

Esto tampoco es de un día para otro, son meses y años de progresivo decantamiento y reflexión.

En conclusión: soy un mutualista federal. Y ya, eso es todo. Tampoco es la gran cosa. Dí la vuelta en “u”, porque tampoco soy un idiota que carece de pasado que ha olvidado de donde viene. Tampoco voy a botar todo a la basura y mandarlo a la mierda.

Ahora, ¿qué es eso del mutualismo?

Pues resulta que mucha gente no tiene claro eso. Así que he redactado una colección de preguntas frecuentemente hechas con sus respuestas; para que se sepa bien claro qué es lo que pensamos los mutualistas y que acciones podemos tomar aquí y en el resto del mundo para prepararnos para el futuro que se nos viene encima con la revolución digital, la automatización, las crisis económicas recurrentes y demás maravillas que ya no puede responder satisfactoriamente ni la socialdemocracia, ni el conservadurismo, ni mucho menos extremos ubicados en el basurero de la historia como lo son el fascismo y el comunismo marxista más tradicional.

Ese documento lo encuentran haciendo clic en estas palabras de aquí. Cualquier duda estoy presto a resolverlas, porque al abogado que yace en mi corazón le encantan los debates terminológicos, abstractos y de principios profundos. 🙂

Debo agradecer de todo corazón a los muchachos detrás de mutualismo.org; espero haber sido un intérprete más o menos fiel a las palabras y argumentos propios de este sistema, a la vez que sirva como el pistoletazo de salida una suerte de discreta segunda (¿tercera?) venida de la blogósfera mutualista. xD

También espero colaborar con este documento con la difusión de estos temas tan interesantes y, opino, tan pertinentes en el mundo de hoy donde la revolución digital no ha significado la inmediata alzada de salarios, donde la preocupación por la transición demográfica, el cambio climático y la mala gestión de la migración amenazan el camino de la libertad, donde la concentración de riqueza en pocas manos ya pasa a ser nuevamente un tema de interés político, donde el retroceso de la desvencijada socialdemocracia y los partidos populares da paso al nativismo reaccionario y fascista en Europa junto a las nostalgias de la izquierda autoritaria rememorando consignas convertidas en sangre y miseria; con tantos bienes logrados pero con amenazas presentes… Este es un tiempo en donde las gentes están hambrientas de ideales y de una nueva seguridad a la que aferrarse.

La cosa se complica cuando tenemos como alternativas son, de nuevo, los anacrónicos fascismos y comunismos (libertarios o no), las esclerotizadas socialdemocracia y socialcristianismo, y los innecesariamente reaccionarios y conservadores liberales y anarcocapitalistas…

Hay que tener bien claro que no hay seguridad más grande que la que uno pueda tener consigo mismo junto al apoyo de nuestros pares. Y, apenas parafraseo, si el comunismo o el socialismo de Estado fue el ideal del pasado industrial y centralizado, no dudo en afirmar que, ante la sociedad de la información y la organización en red, el mutualismo es y será el ideal del futuro.

ACTUALIZACIÓN: esta misma FAQ se puede encontrar (actualizada) en este post del blog. Sí, uno por idiota no lo pensó en primer lugar pero bueno. 🙂

proceresmutualistas3

¿Qué hacer?


Unas breves notas luego del guayabo post-electoral.

Aún si la prostituyente fuera una real Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debida y regularmente convocada, compuesta e instalada; ningún gobernador debería jurar ante ella. ¿Porqué? Porque la ANC reforma en su totalidad la Constitución Federal; mal podría meterse con las constituciones de cada Estado, y en general con todo lo que no sea contemplado como competencia nacional (separación vertical de poderes o “federalismo”).

 

De hecho, y es lo más grave, que una vez ha sido contemplada dentro de la Constitución (del 347 al 350 CRBV), la ANC está sujeta a sus límites y mal podría desbaratar la arquitectura del Estado establecida en 1999. Su única función es hacer una nueva Constitución; no gobernar, legislar, juzgar, auditar órganos del Estado, o administrar elecciones. La ANC no podría matar a su madre, la CRBV, sin deslegitimarse a ella misma y sin perder su sentido.

 

Hay que recordar que en el Estado liberaldemocrático, en realidad el pueblo no es el soberano en la práctica porque esa soberanía ha sido trasladada a la Constitución, por el hecho de que en una República el gobierno de leyes prima sobre el gobierno de los hombres, y el pueblo ha abdicado el ejercicio de su soberanía en una ley suprema que indica como este poder mediatizado debe usarse y perderse por los representantes electos periódicamente por este mismo pueblo que, recordemos, es la totalidad de todos los ciudadanos con derecho a sufragio. Esto se inventó así hace doscientos años porque hay vainas que no pueden someterse al voto de las mayorías o al puro arbitrio de los hombres como lo son nuestros derechos y libertades públicas y privadas.

 

Y, además, como esa porquería es un bodrio de congreso psuvista disfrazado de asamblea constituyente, no debe plantearse siquiera el pensar dirigirles el saludo; mucho menos jurar o prometerles algo…

 

Como esta tontería de asamblea partisana no tuvo un origen legal, no solamente porque la gran mayoría de la doctrina y la tradición constitucional más reciente (la ANC de 1999) están de acuerdo en que debió haberse convocado por referendo nacional; sino por las bases comiciales que atentan contra el 63 CRBV y la mera noción del Estado liberaldemocrático compuesto de ciudadanos iguales con los mismos derechos y el mismo poder de voto; NADA, absolutamente NADA puede darle legitimidad a algo que nunca la tuvo. Nadie puede revivir a alguien ya fallecido.

 

Pero de allí a suponer que no pase absolutamente nada precisamente por esta ilegalidad es tonto; y allí la palabra clave: ilegalidad. Estos actos existen, la prostituyente existe, hay prostituyentistas sentados en el Palacio Federal Legislativo y es idiota no reconocerlo, pero esa asamblea existe de facto, ilegalmente, y por lo tanto sus miembros, quienes la convocaron, quienes permitieron su convocatoria y quienes avalen sus actos sean cuales sean, son delincuentes y como tal tienen que ser tratados. Reos por usurpar el poder supremo del pueblo soberano de darse una constitución.

 

Quedaría muy mal que nuestros gobernadores electos se conviertan en delincuentes…

 

De todas formas, y el ejemplo de la prostituyente es válido a estos menesteres, el problema es de puro poder coactivo. Las reglas no son respetadas ni hay posibilidad de hacerlas respetar si no hay poder y fuerza detrás de ellas quienes las hagan respetar. El quid del asunto es, ¿cómo hacer que se respeten las más elementales normas constitucionales si prácticamente todos los órganos y personas que deben hacerlas valer no lo hacen? La prostituyente manda, jode y descabeza gente porque no hay nadie quien se lo impida. Igual podemos decir del bigotes y de su cártel-banda organizada de ladrones disfrazada de partido político.

 

¿Será cierto que la caja se cerró y hay que abrirla desde afuera? ¿De que forma?

 

Tremendo dilema. Y más ominosas respuestas que flotan en el ambiente.

 

La esperanza en todo caso no debe perderse. La mayoría no puede (podemos) emigrar; y sería muy injusto que gente con talento, constancia y probidad padezca hasta su mala muerte las consecuencias de la dictadura venezolana. Y en cualquier caso, los votos, no importan que tan numerosos sean, no pueden validar la maldad o la injusticia… Pero la respuesta a este gran mal ya no puede ser la misma. La vía electoral ha sido cerrada; a mi entender y a mi pesar.

 

Que el voto sea útil como herramienta de lucha depende ahora más que nunca de que sus garantías más elementales se respeten. Que los ganadores ganen justamente, que los perdedores pierdan justamente, y que todos asuman su papel y su responsabilidad.

 

Notas breves sobre una #Constituyente


  1. Nicolás Maduro, sujeto que hace de Presidente de la República acaba de ejercer la iniciativa constituyente contenida en el Artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, CRBV) para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (en adelante, ANC). Es perfectamente legal lo que hizo. Hasta allí.
  2. Describió someramente el sistema electoral usado por la futura ANC, y es un sistema mixto entre un sistema corporativo y uno no muy bien especificado, pero que al parecer se trata de elecciones directas usando circunscripciones municipales.
  3. Es importante definir el sistema electoral porque a) los sistemas electorales no son un filtro neutro sino que determinan como se convierten los votos populares en escaños y b) quien convoca, puede determinar las bases electorales para conformar a la ANC.
  4. Y es importante esto porque la misión de una ANC es crear una nueva Constitución. Reformarla por completo. Por lo cual no entendemos las declaraciones de Hermann Escarrá de que esta vaina solamente servirá como una reforma no sustancial… Probablemente sea para quitar miedo.
  5. Lo que significa que si el chavismo gana (y el sistema está diseñado aposta para que así sea) podrán introducir multitudes de locuras a la Constitución nacional, declarando así el Estado Soviético, el Estado Comunal.
  6. Hablando de Soviets… Soviet en ruso significa “comuna” y es una de las formas como se conformaría esta ANC. La mitad de sus diputados serían electos por estas organizaciones chavistas (comunas, consejos comunales, CLAP, consejos de mujeres, sexodiversidad, clase obrera, etc.) de manera que sería una elección de segundo grado, o sea, que estas organizaciones elegirían a los diputados constituyentes. De chavistas entre chavistas…
  7. El detalle de usar circunscripciones municipales es una manera de asegurar el voto ganador del chavismo, dado que hay muchos más municipios chavistas que pueden desequilibrar la balanza. Si usan el voto lista de los Estados, pierden. Si usan el voto nacional, igualmente pierden y masivamente (por distancias de entre veinte a cuarenta puntos).
  8. Lo de Nicolás Maduro puede interpretarse como una manera de huir hacia adelante; jugarse a Rosalinda, el todo por el todo. Esto tiene sus ventajas: permite eliminar la necesidad de elecciones presidenciales y de otros poderes porque la Constitución nueva exigiría nuevas elecciones determinadas por ella misma o la ANC. Las desventajas pueden ser MUCHAS -es algo radical, que puede desatar una poderosa reacción nacional- y sería el paso final previo al desalojo del chavismo en el poder si la MUD y grupos afines lo aprovechan inteligentemente; por ejemplo promoviendo una ANC con las mismas reglas y procesos de la de 1999… Lo que daría una victoria aplastante a la coalición opositora. O simplemente desconociendo el engendro de ANC en la calle… Ambas acciones pueden ser concomitantes; no son excluyentes.
  9. Según varias interpretaciones, la ANC, a pesar de ser una Asamblea Constituyente derivada (es decir, contemplada por la misma Constitución previa), tendría todos los poderes políticos. Podría, al decir de Oscar Yanes en 1999, cambiar la República y volvernos una monarquía, cambiar el Ejecutivo unipersonal y volverlo colegiado, cambiar la forma federal del Estado y consagrar el Estado Soviético o un Estado Fascista. Lo que sea… Incluyendo el eliminar, restringir, suspender o acotar a lo mínimo a los restantes cinco poderes del Estado, incluyendo a la actual Asamblea Nacional, al Poder Ciudadano (incluyendo al Ministerio Público), etc. Mientras tanto gobernarían los 500 constituyentes decretando lo que sea porque la ANC, según la teoría política estándar, goza de poderes casi absolutos… A única excepción de los límites dados por el Artículo 350 de la CRBV, que de seguidas se explicará…
  10. Ahora, tenemos que fijarnos que el Artículo 350 de la Constitución vigente no está en ese lugar por casualidad. Fíjense que está en en el mismo capítulo de la ANC, por lo que directamente el 350 le ordena al pueblo de Venezuela (o sea, a todos los ciudadanos y ciudadanas) a rebelarse en contra de una ANC que viole las garantías democráticas, los derechos humanos y la tradición republicana. Es la consagración de la insurrección civil, del derecho de desobediencia civil o de rebelión.
  11. Y justamente el sistema electoral indirecto, corporativo (de impronta fascista), que viola el más elemental principio democrático de un hombre, un voto; junto a la intención declarada de consagrar el Estado Comunal, que viola directamente nuestra tradición republicana (separación de poderes, imperio de la Ley, republicanismo federal), son prueba patente que le ha llegado la hora al último artículo permanente de la CRBV.
  12. Ello viola las garantías democráticas, porque una ANC idealmente es representativa de todo el pueblo, y todo el pueblo son todos los ciudadanos del país; por lo que lo más justo es que cada persona tenga la misma oportunidad de decidir participar en la conformación de la ANC, y eso solo lo ofrece el sistema de voto popular universal, directo y secreto e igual. Igual quiere decir que cada elector es tratado como una sola persona, y por ello solamente tiene un solo voto independientemente de su sexo, edad (siempre que sea mayor de 18 años cumplidos) o lo rico, inteligente o sano que sea. En este sentido va la denuncia de José Ignacio Hernández de que este engendro no es una ANC en sentido estricto, sino un cuerpo mal formado usurpador de la representación constituyente… Algo gravísimo. El golpe de Estado supremo.
  13. El sistema electoral indirecto corporativo es idea fascista, y no lo digo por desprestigiar, sino que los fascistas italianos para diferenciarse del Estado liberal (que es básicamente la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo) que exige que todos los ciudadanos (We the People, el pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores…) sean tomados en cuenta igual y equitativamente mediante elecciones libres de representantes a una Asamblea; y para diferenciarse del Estado socialista que exige que las personas que tomen las decisiones sean de una sola clase (es decir, la clase obrera, los proletarios o trabajadores industriales) a través de su vanguardia revolucionaria organizada en Partido Único, y de allí viene la Dictadura del Proletariado; usaban la representación corporativa que exige que los que tomen las decisiones sean las corporaciones, o sea las distintas divisiones naturales de la sociedad, como lo son las familias, el sindicato (único), los municipios (esta era la fórmula de Falange Española), los gremios, la Iglesia, los militares y demás… Esa era la idea original de Chávez en 1999 pero fue evitada. Hasta ahora.
  14. El Estado Comunal viola la tradición democrática porque significa que unas entidades que no son electas por sufragio universal, directo y secreto (sino a mano alzada y sin garantías de pluralismo político -o sea, todos chavistas e infiltrados por el Partido Socialista Unido de Venezuela o PSUV-) ahora sean las entidades soberanas para poder nombrar representantes comunales regionales, y estos a su vez nombren a los representantes del parlamento comunal nacional, que elegiría al gobierno colegiado soviético nacional (o Politburó). Esta estructura replica grosso modo la estructura de gobierno de la Unión Soviética (1922-1991) y de otros países inspirados en el socialismo marxista leninista o socialismo real, como la actual República de Cuba. Venezuela desde 1864, con antecedentes en 1811 y destellos en 1830, es formalmente una República Federal, basada en principios completamente distintos a los del Estado Soviético o Comunal.
  15. Además, constitucionalizar los CLAP significa instaurar plenamente el totalitarismo, al legalizar la unión del PSUV con el Estado, igual que el Partido Nazi en Alemania (1933-1945) o en la misma URSS y países satélites, Cuba incluida. El sistema totalitario es aquél que, entre otras cosas, dispone la unión y no diferencia entre Estado, Gobierno, Partido y Sociedad. El control es total, hasta en la vida privada de las personas. Todo dirigido hacia un ideal supremo (en este caso, el ideal socialista) y la vida humana importará más bien poco.
  16. De todas formas este anuncio significa la muerte próxima de la CRBV. Si logran concretar a una ANC enferma, podrán inclusive aprobar y promulgar la nueva Constitución Soviética de Venezuela sin requerir de un referendo aprobatorio (no como el referendo del 15/12/1999 que aprobó la CRBV) dado que el Artículo 349 CRBV no contempla técnicamente que se requiera un referendo final. La decisión de estos detalles es entre quien convocó a la ANC (Nicolás Maduro) y el Consejo Nacional Electoral, que es la suprema autoridad electoral que deberá verificar las bases electorales y llamar a los “electores” (no todos, como ya se explicó) a “sufragar” (porque eso no es sufragio, son votaciones controladas que no cumplen con lo mínimo que está establecido en el Art. 63 constitucional).
  17. Piénsenlo racionalmente. ¿Acaso van a cumplir una nueva Constitución cuando han violado y terminado de matar a la Constitución que ellos mismos promovieron? Está clarísimo que los objetivos son otros.
  18. ¿Hay salida de esto? Bueno… Puede haberla, si se hace bien. Busque al final de su Constitución y organícese con sus amigos, vecinos, compañeros, colegas y demás personas cercanas para que al menos ese último articulito de la Ley Fundamental se cumpla en toda su extensión y profundidad…

*Actualización del 02/05/2017, 12:40 M: Esta entrada se lee mejor si usan la extensión de Google Chrome, “Nicolás Madur0 por El Gordo Comunista 🙂

Del “Abandono del Cargo” y otras posibles memeces


Motivado por las preguntas de mis habituales 🙂 que me hacen cuando ando sin demasiado oficio, paso a responder, todo ello basándome en una somera lectura de la cosa que funge como Constitución vigente pero que en realidad nació muerta:

  • La Constitución señala que el Presidente de la República es responsable de entre otras cosas garantizar las libertades y derechos de los venezolanos. (Art. 232 CRBV)
  • La Constitución también señala que una falta absoluta del Presidente es “el abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional”. (Art. 233)
  • Cuando eres responsable, estás “obligado a responder de algo o por alguien” (DLE)
  • Entonces tenemos que el tipo es responsable, pero, ¿ante quién?
  • La responsabilidad en una República constitucional (y en general en un país serio) es de varios tipos (política, civil, penal y administrativa).
  • El Presidente de la República es responsable por todos esos supuestos, pero a cada supuesto le corresponde un tratamiento distinto.
  • La responsabilidad civil se exige ante tribunales por violación de un contrato o por daños causados sin haber contrato de por medio. La responsabilidad administrativa se exige ante tribunales por violación de las normas administrativas o por malversación. La responsabilidad penal se exige ante tribunales por la comisión de una falta o delito punible (robo, asesinato, etc.).
  • La responsabilidad política en cambio no tiene ninguna ley que la tipifique y no se exige ante tribunales. Se hace valer principalmente en las elecciones: Si eres bueno, te elegimos; si eres malo, te no te elegimos.
  • La Constitución también dice que el único tribunal en el cual puede ser procesado el Presidente es el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene que declarar previamente que “hay mérito” (es decir, si es aceptable hacerlo, si vale la pena hacerlo, si es conveniente hacerlo) para juzgarlo y sentenciarlo.
  • Y como la Constitución reintrodujo el Referendo Revocatorio de mandato (estaba en la primera Constitución, la de 1811 y más nunca había revivido hasta 1999, así que eso no es precisamente un logro de chiabeee), lo más probable es que el Presidente sea responsable, antes que nada, ante el pueblo que lo eligió. Y que el referendo sea el mecanismo básico para exigir responsabilidad política, más la reelección presidencial.
  • La otra vía es el Antejuicio de Mérito, que exige la participación del Supremo como antes mencioné. Esta vía no está descrita de forma directa en la Constitución y se saca tanto de su fraseología (El Art. 266 habla que “…previa autorización de la Asamblea Nacional” el TSJ determinará si hay mérito o no para el enjuiciamiento) como de la tradición constitucional más reciente, que fue el juicio a Carlos Andrés Pérez en 1993.
  • Ahora, el abandono del cargo se entiende en general en la opinión opositora como uno que implica que “el Presidente no ha cumplido con sus deberes, ergo, por ello ha abandonado su puesto”. Lo que implica un juicio antes que nada, político. No importa que tengamos razón y que esta dictadura asesina viva implantando un sistema ridículo de dominación social empobreciéndonos y dejándonos sin medicamentos. Igual hay una minoría de equivocados (25% de los electores más o menos) que creen sinceramente que el comunismo lo hace bien y que debe seguir donde está.
  • A mi entender, el abandono del cargo tiene varios sentidos (polisémico, diría). Cuando tu abandonas tu cargo, literalmente te vas. Dejas de hacer lo que se supone que se te ha encomendado. Si has sido contratado en una empresa y te vas sin ninguna justificación, puede ser una causal de despido. Por lo tanto si Maduro de repente se fuera a las Islas Caimán o a Cuba sin explicación alguna y sin ningún permiso de la Asamblea Nacional, podría considerarse que efectivamente ha dejado su cargo, y una vez producido el hecho, la Asamblea declare que hay falta absoluta y se proceda de acuerdo a la Constitución.
  • El otro sentido es el que la oposición estándar ha señalado y que yo mismo describí en párrafo anterior. Insisto. A mi parecer eso es un juicio de naturaleza política, una descripción totalmente acertada de irresponsabilidad política por el tamaño desastre que estamos padeciendo. Pero para ello hay otros medios: principalmente el referendo revocatorio (2016-2016 Q.E.P.D.) y las elecciones presidenciales de diciembre de 2018 para el periodo presidencial 2019-2025.
  • Además habría que notar la inconveniencia de que la Constitución permitiere hacer efectiva la responsabilidad política del Presidente de la República por el voto mayoritario de la Asamblea Nacional, al estilo de una República parlamentaria. Eso significa que por el solo hecho de tener la oposición mayoría, o que el partido de gobierno le de una puñalada trapera al Presidente, éste pueda salir despedido como un corcho gracias al voto de una mayoría simple de diputados que de la noche a la mañana opinan que el Presidente es Hitler.
  • La Constitución venezolana, muy mal hecha ella, también tiene la particularidad de ser una (o la única…) de las Constituciones de la América Española que NO tiene dentro de su texto un mecanismo de Impeachment, o de Juicio Político hecho por el Congreso o Parlamento. Ejemplos de eso están en los juicios a Bill Clinton (1997, fallido), a Fernando Lugo (2012, exitoso), a Dilma Rousseff (2015, exitoso). La nuestra en cambio tiene el “Antejuicio de Mérito” que se supone más serio que un simple Impeachment dado que para juzgar al Presidente de Venezuela, las pruebas tienen que ser aprobadas no solamente por el Parlamento (hoy Asamblea Nacional, antes era solamente la Cámara del Senado) sino por el Tribunal o Corte Suprema de Justicia. Como el TSJ está infectado de comunistas y activistas políticos que usurpan el nombre, cargo y dignidad de magistrados, podrán adivinar que tan efectivo será dicha cosa…
  • Este mecanismo NO puede confundirse con el “Abandono del Cargo” o con nuestro “Antejuicio de Mérito”. El Impeachment es simplemente que una mayoría calificada del Congreso bicameral se constituye en testigo y jurado del Presidente de la República ante violaciones de la ley, como si fuere un tribunal. La Cámara baja recolecta las pruebas y el Senado o Cámara alta juzga y dicta la sentencia que se reduce a la salida del cargo del Presidente. La aprobación de las pruebas y la aprobación de la sentencia requiere una mayoría especial de ambas cámaras (generalmente las dos terceras partes de cada una), ello para darle estabilidad al cargo de Presidente sin que una mayoría simple recolecte cualquier infamia escrita en un papel y expulse al Presidente en base a rumores maliciosos. El Impechament o Juicio Político fue hecho por los gringos en su Constitución (1787) como una manera, según Benjamin Franklin, de zafarse de encima a un Presidente indeseable sin tener que matarlo. Se le llama también “Juicio Político” porque a pesar de que el Congreso actúa como una especie de tribunal de justicia, y por ende se le supondría independiente como lo es el Poder Judicial, al final la aceptación de las pruebas y los votos los hacen los políticos y su justificación es antes que nada política.
  • Ello supondría un apoyo a mi teoría respecto a la utilidad del mecanismo del “Abandono del Cargo”. A mi juicio solo sería una declaración política más sin efectos jurídicos vinculantes. O sea, un saludo a la bandera más sin efectos reales. Un Presidente honesto y de convicciones democráticas probablemente renunciaría al día siguiente. Un dictador comunista como Maduro y como los que les rodean pues…
  • Nótese que si eso llegare a efectuarse pasado mañana, o si por alguna razón Maduro se muere o renunciare luego del 10 de enero del 2017, tu próximo presidente será un sospechoso de narcotráfico y de apoyo al terrorismo internacional, ex-gobernador de uno de los Estados más violentos de la Unión e identificado según analistas políticos con el ala dura pro-comunista del chavismo. :s

 

Por qué abolir el ejército es mala idea… En Venezuela


Motivado por mi respuesta a las patadas (un simple y medio visceral NO) y por tildar de cretinos a quienes así piensan, paso a explicarme, e intentaré hacerlo simple y corto para no aburrir, por más que esto sea un blog y, bueno, un blog es demasiado 2009, pero allí voy de todas formas.

La defensa nacional se tiene tradicionalmente como un bien público, esto en sentido económico. Algo que no puede dividir su uso entre varias personas (criterio de no rivalidad) y que no puede, por definición, ser provisto por iniciativas privadas, la más conocida de todas es el mercado. No se puede dividir porque uno no puede garantizar por sus propios medios que una bomba inteligente no le vuele la casa al vecino, así como tampoco podemos evitar que haya gente que no quiera colaborar en la prestación del servicio aún usándolo. Es el clásico problema de los free riders o gorrones o vivos, en jerga venezolana. De allí que usemos la acción colectiva y, principalmente, la coerción (o sea, usar la fuerza para que alguien haga algo que queramos) para asegurarnos del servicio. De allí la existencia de las Fuerzas Armadas (FFAA).

El mercado, idealmente no puede proveer del servicio de defensa nacional porque los incentivos de agentes racionales (más o menos) buscando su propio interés, va a hacer que el sistema de defensa privada rápidamente degenere en una orgía hobbesiana de violencia todos-contra-todos, dado que el tercero neutral para arbitrar conflictos entre gente loca que quiere vengarse de una posible venganza antes de la posible represalia… no existiría y la vida sería una perpetua trampa de violencia. Trampa hobessiana se dice en términos técnicos. A menos que se invente algo para que un orden policéntrico pueda mantenerse sin requerir de coerción (tal como lo requeriría el libertario promedio, sinónimo en español de “anarquista”) pues, la cosa no va para ningún lado.

Bien, ahora viene el rollo de justificar éticamente a las FFAA. Esta argumentación no va obviamente para quienes crean que toda violencia es mala. Yo soy de los que creo que es moralmente admisible darle un golpe de Estado a Fidel Castro para instaurar una democracia liberal, o es moralmente acertado matar a Hitler de un tiro, o de defender tu vida a balazos si a balazos se pone en riesgo. El asunto moral para mí no reside tanto en “La Violencia” sino en que cantidad de violencia usamos en que momento y para que fines. La cantidad idealmente debe ser la justa, el momento debe ser apropiado y el fin debe ser noble o bueno.

Afuera hay mucha gente que quiere tomar cualquier recurso, humano o material, a la fuerza si es necesario. Sin entrar en conspiranoias chavistas; la falta estricta de “Derecho Internacional” (este siendo una ficción que debe presuponer el monopolio coactivo de su ejecución para hacer que esas normas dejen de ser meros consejos pegados en una pared para volverse ley efectiva) hace que no haya un tercer actor neutral que arbitre entre dos naciones que recurren a la violencia o a la amenaza de ella. La historia y la ciencia política demuestran que las naciones-Estado no lo van a pensar dos veces si van a tomar algo por la fuerza y tienen buenas posibilidades de triunfar en sus objetivos.

Eso a pesar de que comparto en buen grado los hallazgos publicitados por el académico Steven Pinker sobre la reducción general e histórica de la violencia; tenemos que reconocer que el fantasma del guerrero siempre va a estar allí y requeriríamos de algo que lo conjure o que haga que sus apariciones no pasen de ser meros sustos. Y ese algo imperfecto que tenemos por los momentos son las FFAA. Unas buenas, eficientes y eficaces Fuerzas Armadas. “Espadas desenvainadas que tienen a las demás en su vaina” decía Federico el Grande, del papel de los ejércitos como cooperadores (involuntarios) de la paz. Igual un militar experimentado sabe el daño terrible que hace un arma de guerra. Dulce bello inexpertis, decía Erasmo.

Aunque, para bienestar nuestro, América es un continente bastante pacífico en lo que respecta a guerras tradicionales entre Estados-naciones; dado que la última guerra se realizó a mediados del siglo XX entre Ecuador y Perú, y no pasó de ser un simple chascarrillo en comparación a la movilización y sangría épica de las guerras de independencia hispanoamericanas.

Otra cosa por la que considero que abolir a las FFAA sería una mala idea, es que en la ciencia política se nota que los grupos pequeños y organizados sacan más jugo y mas provecho a las cosas y a las situaciones que los grupos grandes y desorganizados. Estos en política internacional pueden ser los países pequeños, que gracias a esto pueden tener condiciones ventajosas gracias a que no tienen que estar perdiendo el tiempo administrando asuntos propios de una enorme poliarquía llena de carajos viendo que vamos a hacer para que este cohete llegue a Marte y tal.

Los países que se toman como el ideal en este asunto, como lo son Costa Rica y Andorra, en realidad no son países completamente desarmados… Y no sólo porque en Costa Rica haya una policía civil encargada del orden público a lo interno, al igual que en Andorra… Sino porque ambas naciones tienen tratados de defensa con naciones más grandes que se comprometen a defenderlas en caso de vulneración de su soberanía. Costa Rica lo tiene con EEUU y Andorra lo tiene con Francia y España en conjunto. Disfrutan de la plácida paz exterior gracias al enorme paraguas de seguridad que hace de un Júpiter absorbiendo muchos meteoritos enormes del Sistema Solar, evitando que choquen en buena medida contra la delicada, rocosa y muy azul Tierra.

En este caso, dudo mucho que Brasil o Colombia permitan que los venecos estén asociados con el Imperio, o que les resulte muy cómodo. Considerando esto, la única manera en la que un político racional acceda a suprimir el Ejército en un país mediano a grande, es que todos los demás países medianos y grandes, al mismo tiempo, acuerden en abolir sus instituciones armadas, y que hayan garantías futuras de que no vuelvan a resucitar. Cosa que viendo la realidad pues…

Otro punto importante a considerar es que Andorra es un microestado, y Costa Rica un país apreciablemente pequeño. Venezuela con su casi millón de kilómetros cuadrados es el trigésimo tercer país (si no me equivoco) más grande del mundo… De casi doscientos países. Todo el mundo yora la pérdida de la Guayana Esequiba (acéptenlo chicos, esa verga se perdió) y demás territorios. Pero, aunque a la gente que se hace la paja y acaba con el Mapa de la Capitanía General de Venezuela de 1777 le arda, hay que reconocer que Venezuela es un país de extensión mediana. Hay bastante terreno que aprovechar. Y se terreno no se cuida solo… Una mera fuerza policial no estaría lo suficientemente equipada para hacer que la frontera colombo-venezolana sea más o menos pacífica, y ni hablar de la extensa costa plagada de contrabando y piratería desde que mandaban los Austrias (siglos XVI y XVII).

Además, sin un ejército preparado, si este desapareciera de repente, tendríamos que ver la realidad logística de que coño hacer con doscientos mil nuevos desempleados a los cuales hay que buscarles oficio (versión ampliada del mismo problema que ocurriría cuando se realice una muy deseable reducción del contingente, sobre todo de la inconstitucional e ilegal “Milicia Bolivariana”); además de la muy posible emergencia de colectivos y colectivas que harían desastres volviendo a las ciudades y campos sus feudos particulares. Eso sin mencionar a las guerrillas y paramilitares (son en esencia la misma vaina) que azotan la frontera occidental.

Estas soluciones, bienintencionadas que duda cabe, son lamentablemente muy simplistas dado que se centran en resolver de cuajo y sin anestesia una situación por lo demás compleja, y que puede terminar trayendo más males que bienes a largo plazo. Aunque el bien sea eliminar una posible fuente de corrupción y de salida de locos de carretera que cada veinticinco años dan un golpe de Estado para salvar a la patria del nioliveralismooo o del estatismo o del demonio cíclico de costumbre. De corrupción pueden hablar nuestras instituciones civiles como las empresas, los partidos políticos, la Administración pública, los sindicatos y la Iglesia.

Ello quiere decir que el asunto es, no tanto eliminar graciosamente el poder y esperar a que todo se resuelva automágicamente, sino el ver que hacemos con él, y controlarlo de manera que nos sirva de modo colectivamente provechoso, dado que las consecuencias de eliminarlo pueden ser peor que la misma enfermedad. Cosa que no es nada fácil (hay que reconocer) y que involucra una lucha diaria, sisífica, diría, contra el azote de la corrupción y de los abusadores de la ley y del mandato que se les da legítimamente de acuerdo a las mismas.

Y si el fantasma de la corrupción puede envenenar las almas más puras de la “reserva moral de la Patria” encarnada en las Fuerzas Armadas, entonces es de suponer que el poder recrecido de unos tipos a los cuales la República les presta sus armas y les mantiene su modo de vida para garantizar su defensa deba controlarse mucho más y de maneras especiales; sobre todo considerando en la actualidad a un cuerpo tan solícito para la corrupción gracias a la perversión de los principios internos propios de una institución de organización antidemocrática y no horizontal como lo son la obediencia debida, la subordinación y la jerarquización. La resolución de la pregunta de qué hacer con la FAN es en buena parte la respuesta que determinará el futuro de Venezuela.

Y será bueno o malo o regular dependiendo de que clase de respuesta demos.

De la Sentencia del 01/03/2016


¿Que pasó? Simple.

1) Los ministros y funcionarios ejecutivos todavía pueden ser interpelados por la AN, pero esa interpelación debe coordinarse obligatoriamente con la Vicepresidencia Ejecutiva. Eso para “no impedir ni estorbar” las funciones del Poder Ejecutivo como poder autónomo.
2) Los representantes de otras ramas del Poder Público distintas al Ejecutivo (la Judicial, Ciudadana y Electoral) no están obligados a asistir a la AN porque la CN dice textualmente que el control político solo se le hace “al Gobierno y a la Administración Pública Nacional”, por lo que tampoco podrán interpelarse a Gobernadores, Alcaldes, Consejeros legislativos o Concejales.
3) La FAN solamente puede ser controlada a través de su autoridad máxima, que es el Presidente de la República, y únicamente en las memorias y cuentas anuales, por las mismas razones del punto anterior.
4) Por esto, el TSJ “desaplicó” todo lo referente a estos puntos en el Reglamento de Interior de la AN y en la Ley de Comparecencias.
5) También “desaplicó” las sanciones previstas a quienes no asistan a la AN, dado que la Constitución dice que la libertad personal solamente puede ser restringida por orden judicial, aparte de que esas sanciones al parecer vulneraban el debido proceso.
6) Los Ministros que asistan pueden reservarse informaciones alegando secreto de Estado o peligro para la República.
7) La Comisión creada para evaluar la designación de los últimos magistrados del TSJ es “inexistente e inconstitucional”. La AN no puede remover a ningunos magistrados mediante revisión posterior de actos administrativos; solo pudiendo hacerlo mediante el dispositivo constitucional que requieren las dos partes (que son 112, dado que según la misma sentencia, deben ser los diputados integrantes y no los presentes) tras haberse calificado faltas graves por parte del Poder Ciudadano.
8) Y como el nombre oficial del país es “República Bolivariana de Venezuela”, y según el Art. 1 de la CN, el ideario bolivariano irradia todo el texto de la misma, el calificativo de “Fuerza Armada Nacional Bolivariana” es legal y constitucional, aunque en el Artículo 328 aparezca textualmente “Fuerza Armada Nacional”. Esa aclaratoria apareció sin que nadie la pidiera.
Todo muy legal aparentemente, pero esta sentencia de interpretación (que presume el hecho de que los últimos magistrados electos el 23 de diciembre de 2015 lo fueron cumpliendo con todos los requisitos formales y de fondo, sin siquiera detenerse a evaluarlo dado que dicha designación fue un hecho “notorio y comunicacional”) tiene el dichoso efecto de beneficiar a un Poder Ejecutivo que quiere seguir sin control, sin ser investigado y sin pagar políticamente por todo lo malo y lo insuficientemente positivo que ha hecho. Igual este comportamiento es propio de un gobierno comunista con ansias de poder total y que no va a darle ninguna oportunidad, por muy remota que fuere, a la oposición en ningún ámbito.
A ver en que termina todo esto.